¿Cuál es el costo de matar a trabajadores humanitarios?  

El sábado 3 de mayo, en Médicos Sin Fronteras (MSF) nos despertamos conmocionados, con dolor e indignación. Nuestro hospital en Old Fangak, Sudán del Sur, había sido atacado: un helicóptero artillado destruyó la farmacia, siguió un tiroteo y drones bombardearon el mercado. Pacientes y personal médico huyeron mientras la metralla arrasaba el hospital. Fue aterrador y una clara violación del derecho internacional humanitario. 

Por Christopher Lockyear, Secretario General de Médicos Sin Fronteras (MSF) 

Estas mismas emociones nos invadieron con la noticia de otros dos horribles ataques masivos que mataron a personal médico en las últimas semanas. 

El 23 de marzo, el ejército israelí en Gaza mató a 15 personas, entre ellas ocho integrantes de la Media Luna Roja Palestina (MLRP). Ocho días después, sus cuerpos y vehículos destruidos fueron descubiertos en una fosa común. Vídeos mostraron que el ataque se llevó a cabo deliberadamente contra personal médico y ambulancias claramente identificados. Durante el mes anterior, no se había permitido la entrada de ayuda alguna a la Franja de Gaza, un asedio total que continúa hasta hoy. 

El 11 de abril, en el campo de desplazados de Zamzam, en la región sudanesa de Darfur Norte, nueve trabajadores médicos de la organización humanitaria Relief International fueron asesinados brutalmente cuando soldados de las Fuerzas de Apoyo Rápido entraron en una clínica —la última que seguía en funcionamiento— durante su asalto al campo.  

Estos son solo los ejemplos más recientes, y particularmente impactantes, de ataques contra personal médico y humanitario en todo el mundo. También hemos presenciado ataques terribles en Ucrania, Haití y la República Democrática del Congo, entre otros. Ya sea que se dirijan directamente al personal o a los hospitales de MSF, o de otras organizaciones, nosotros, los humanitarios, nos sentimos atacados. Compartimos el dolor de todos los colegas médicos y humanitarios que trabajan con nosotros, actuando con la misma urgencia para atender a las personas enfermas y heridas. 

Estos recientes ataques contra trabajadores humanitarios y médicos son excepcionalmente graves, no solo por su brutalidad y sus consecuencias, sino también por la profunda indiferencia que siguió. Más allá de las declaraciones de las Naciones Unidas y los llamados aislados de algunos Estados —como la solicitud del Reino Unido de que se investiguen los ataques en Gaza o la respuesta de Francia tras el ataque al hospital de Old Fangak—, no existe una indignación global compartida. No existe un impulso político sólido ni, desde luego, ninguna acción concreta contra los perpetradores. Las condenas verbales suenan huecas sin consecuencias reales.  

Casi parece inútil preguntarse: ¿qué impide que esto vuelva a suceder… incluso mañana?  

Todos estos ataques deben recibir una condena enérgica e inequívoca. Debemos esperar conmoción, movilización y una reacción contundente. Se deben iniciar investigaciones independientes de inmediato para identificar a los responsables, y aplicar las leyes y los convenios internacionales vigentes; su aplicación no debe ser objeto de negociación ni concesiones. Se debe impartir justicia a las familias y compañeros de las víctimas, y se debe ejercer presión concreta sobre los actores políticos que toleran, facilitan o incluso fomentan activamente estos ataques.  

Ante la falta de una respuesta internacional significativa, nos parece que llevar a cabo estos ataques es cada vez más gratuito para los perpetradores. ¿Qué precio político, legal, económico, social o moral están pagando? ¿Y qué Estado, organismo o institución está realmente dispuesto y comprometido a exigirles responsabilidades? Debería ser impensable que matar a personal humanitario o médico —personas que arriesgan sus vidas para brindar atención— tenga pocas o ninguna consecuencia. No se trata solo de preservar la viabilidad de nuestra labor; se trata de defender valores fundamentales como la solidaridad y la empatía.  

Seamos claros: los ataques contra el personal médico y los trabajadores humanitarios no son nuevos. No anhelamos una mítica “época dorada” en la que nuestro trabajo fuera universalmente respetado ni nuestra seguridad estuviera garantizada. Al contrario, MSF ha denunciado sistemáticamente estos ataques y ha exigido un cambio. En 2016, tras una oleada de ataques contra nuestro personal —incluyendo el bombardeo estadounidense del hospital de Kunduz en Afganistán— y en medio de campañas sistemáticas contra hospitales en Siria y Yemen, apoyamos la adopción de la Resolución 2286 de la ONU, destinada a proteger a los heridos y enfermos, al personal médico y al personal humanitario en conflictos armados. Sin embargo, desde entonces, hemos visto que su impacto sigue siendo desastrosamente limitado.  

No estamos solos en esta lucha. El Comité Internacional de la Cruz Roja continúa liderando su campaña “Asistencia médica en peligro”. En 2024, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la Resolución 2730, impulsada por Suiza, que insta a todos los Estados a respetar y proteger a los trabajadores humanitarios. Ese mismo año, un grupo interministerial de Australia, Brasil, Colombia, Indonesia, Japón, Jordania, Sierra Leona, Suiza y el Reino Unido emitió una declaración conjunta comprometiéndose a elaborar una nueva Declaración para la Protección del Personal Humanitario. Sin embargo, el esfuerzo colectivo ha fracasado hasta la fecha. No hemos visto la transparencia, la rendición de cuentas ni el cambio que cabría esperar. Es raro obtener siquiera un reconocimiento básico de los responsables.  

Las muertes y las heridas que ha sufrido el personal médico y humanitario suelen formar parte de un patrón más amplio, igualmente impactante e intolerable, de violencia indiscriminada, e incluso deliberada, contra las comunidades a las que sirven. En Gaza, más de 52,000 personas han muerto desde el 7 de octubre de 2023, según las autoridades locales. En Sudán, es imposible tener una estimación realista del número de víctimas civiles, aunque los estudios sugieren que podría ascender a cientos de miles.  

Hoy, ante un ataque sin precedentes contra organizaciones multilaterales, las Naciones Unidas y las instituciones jurídicas —ejemplificado por el creciente número de países que se oponen a la Corte Penal Internacional—, no se trata simplemente de una falta de presión política o de justicia, sino de un desmantelamiento deliberado de los canales para la rendición de cuentas y el cambio. Llamamos a todos aquellos que aún creen en la humanidad y la solidaridad a que condenen enérgicamente estos ataques.  

Necesitamos que, dondequiera que estén, se unan activamente en torno a llamados renovados porque haya una responsabilidad legal y política. La ciudadanía debe exigir que los Estados que afirman respetar las convenciones y tratados internacionales tomen medidas políticas tangibles y ejerzan presión política para detener la normalización y el encubrimiento de los ataques contra el personal médico y humanitario, en Gaza, Sudán, Sudán del Sur y en todo el mundo. 

Ahora, más que nunca, necesitamos que las partes en conflicto, así como los Estados que las apoyan política, económica o militarmente, reconozcan que atacar y asesinar a trabajadores humanitarios es un atentado contra los valores que defienden. 

Asesinar a trabajadores humanitarios no solo debería ser costoso, sino también absolutamente inasequible. 

Publicado originalmente en swissinfo