La histórica suspensión de la propiedad intelectual de la tecnología médica COVID-19 debe acordarse ya

  • ESTÁS AQUÍ
  • Actualidad
  • La histórica suspensión de la propiedad intelectual de la tecnología médica COVID-19 debe acordarse ya

Es necesario garantizar el acceso no solo a las vacunas contra la COVID-19, sino a todas las herramientas médicas contra la enfermedad, para todas las personas, en todas partes.

Es necesario garantizar el acceso no solo a las vacunas contra la COVID-19, sino a todas las herramientas médicas contra la enfermedad, para todas las personas, en todas partes.
 
Con la reanudación formal de las negociaciones sobre la Exención de los ADPIC esta semana en la Organización Mundial del Comercio (OMC), Médicos Sin Fronteras (MSF)  pidió a la Unión Europea (UE), el Reino Unido y Suiza que adopten rápidamente la histórica Exención, que eliminaría los monopolios de propiedad intelectual (PI) sobre las herramientas médicas contra la COVID-19, y que actualmente cuenta con el apoyo de más de 100 países de ingresos bajos y medios. MSF también instó a EE. UU. a mostrar un liderazgo concreto para acelerar las negociaciones y ampliar el alcance de su apoyo más allá de las vacunas para incluir también medicamentos y herramientas de diagnóstico.
 
“Con cerca de seis millones de vidas perdidas casi dos años después de comenzada la pandemia de COVID-19, es desgarrador seguir atestiguando una escandalosa injusticia en el acceso a las herramientas médicas contra la COVID-19 en muchos de los países de ingresos bajos y medios donde trabajamos, mientras que los países ricos que han acumulado vacunas ahora están comprando gran parte del suministro de los nuevos tratamientos”, asevera Yuanqiong Hu, asesor legal y de políticas de la Campaña de Acceso de MSF. “La UE, el Reino Unido y Suiza deberían atender el llamado de los países de ingresos bajos y medios para respaldar esta exención innovadora que podría promover el acceso, la producción local y la autosuficiencia”.
 
Junto con la continua desigualdad en el acceso a las vacunas, el acceso a los tratamientos para tratar la COVID-19 sigue siendo un desafío. El tratamiento oral recomendado recientemente por la Organización Mundial de la Salud (OMS), baricitinib, está ampliamente patentado en más de 50 países y tiene un precio fuera del alcance de las personas en la mayoría de los países de ingresos bajos y medios. Estas patentes solo comenzarían a expirar en 2029 y es probable que continúen bloqueando la producción y el suministro de genéricos en los países donde se otorgaron. Las versiones genéricas de baricitinib están disponibles por menos de US$7 por un curso de tratamiento de 14 días en India y Bangladesh*, significativamente menor que el precio prohibitivo del titular de la patente, Eli Lilly, de US$1,109 por curso de tratamiento de 14 días en EE. UU. La licencia restrictiva de Eli Lilly para las empresas indias de genéricos inhibe el suministro de versiones genéricas del medicamento a cualquier otro país fuera de la India. El caso de bariticinib demuestra la necesidad urgente de adoptar la Exención para que los países no dependan de los calendarios de precios y suministro de Eli Lilly.
 
Se está presenciando otro caso de inequidad en América Latina, donde la mayoría de los países enfrentan un acceso limitado a los nuevos tratamientos para la COVID-19 debido, en parte, a las barreras de las patentes y los acuerdos de licencia restrictivos controlados por las corporaciones farmacéuticas. Por ejemplo, la mayoría de los países latinoamericanos han sido excluidos del acuerdo firmado por Pfizer y el Fondo de Patentes de Medicamentos para el tratamiento nirmatrelvir/ritonavir. Esto significa que a esos países no se les permitirá comprar versiones genéricas de este medicamento oral que se produzcan en virtud del acuerdo. El fármaco también tiene patentes pendientes en la mayoría de los países de América Latina que, de ser otorgadas, vencerían en muchos países hasta 2041. Esto dejará a los países totalmente dependientes de las decisiones de suministro y precios de Pfizer. La producción local y el suministro de las versiones genéricas de nirmatrelvir/ritonavir en los países de América Latina tendrían que apoyarse mediante la eliminación de las principales barreras de propiedad intelectual, lo que podría lograrse mediante la adopción de la Exención de los ADPIC.
 
“El impacto de la pandemia en muchos países de América Latina, incluidos Brasil, Bolivia, Colombia y Perú, fue devastador, con un número muy alto de muertes y proveedores de tratamiento que lucharon para ayudar a las y los pacientes con COVID-19 en estado grave y crítico, con oxígeno y unidades de cuidados intensivos limitados”, afirma Felipe Carvalho, coordinador de la Campaña de Acceso de MSF en América Latina. “A medida que los países de América Latina continúan viviendo con el temor de la aparición de nuevas variantes que pueden amenazar la eficacia de las herramientas preventivas existentes, el acceso a medicamentos genéricos asequibles como el baricitinib y nirmatrelvir/ritonavir será clave para tratar a las personas más vulnerables y aquellas contraer formas graves de la enfermedad. Ya es hora de que los países que se oponen a ella respalden la Exención de los ADPIC para facilitar la producción y el suministro genéricos asequibles de estas herramientas médicas en tantos países como sea posible”.
 
Cada vez hay más pruebas que demuestran que la propiedad intelectual se encuentra entre las posibles barreras para garantizar la producción y el suministro local de vacunas y tratamientos contra la COVID-19 en los países. Por ejemplo, Moderna ha obtenido amplias patentes en Sudáfrica sobre tecnología de vacunas de ARNm, lo que plantea riesgos legales para los productores alternativos que intentarían llevar sus vacunas al mercado.
 
Dadas las claras desigualdades en curso en el acceso a las vacunas, los medicamentos y las pruebas de diagnóstico para la COVID-19, MSF ha señalado claramente que la exención final de los ADPIC que se acuerde debe cubrir no solo las vacunas, sino todas las tecnologías médicas esenciales, incluidos los tratamientos y las pruebas de diagnóstico, y que la duración de la exención sea de mínimo cinco años para permitir que la fabricación y el suministro de herramientas médicas contra la COVID-19, incluidos los materiales y componentes necesarios, se preparen, amplíen, diversifiquen y se mantengan.
 
“Nuestra experiencia trabajando en emergencias de salud pública y en algunas de las situaciones más difíciles del mundo ha dejado en claro que el diagnóstico y el tratamiento son esenciales para la prevención y mitigación de enfermedades infecciosas y, fundamentalmente, para salvar vidas”, afirma Hu. “Una exención que se centre solo en las vacunas, ignorando otras herramientas médicas contra la COVID-19, será un fracaso”.
Compartir

Relacionados

Colabora