MSF condena la radical expansión de la Ley Mordaza Global

El viernes, la Administración Trump introdujo su nueva política de Promoción del Florecimiento Humano en la Asistencia Exterior (PHFFA, por sus siglas en inglés), la cual expande la Ley Mordaza Global (Global Gag Rule o Política de la Ciudad de México) a su versión más extrema hasta la fecha e impone nuevas y alarmantes condiciones, en un intento de reconfigurar la asistencia exterior de Estados Unidos bajo lineamientos ideológicos.

La política intensifica la prohibición de la atención del aborto seguro y añade restricciones extensas a otras categorías de salud y derechos, incluyendo los marcos de afirmación de género y diversidad, equidad e inclusión (DEI). Estas medidas contradicen directamente el consenso médico establecido y los estándares basados en evidencia para la prestación de servicios de salud y asistencia humanitaria eficaces.

En Médicos Sin Fronteras (MSF) estamos profundamente preocupados por el hecho de que esta política cause graves daños a comunidades en crisis y excluya a las personas más marginadas de una atención médica esencial y vital.

“Durante décadas, la Ley Mordaza Global ha tenido efectos escalofriantes descomunales sobre servicios de salud legales y basados en evidencia. Esta nueva política es aún más generalizada, afectando a más flujos de financiación, a más socios y a más programas de salud que nunca antes”, dijo Rachel Milkovich, especialista sénior de MSF Estados Unidos en incidencia sobre políticas de salud global. 

“Estos cambios en la Ley Mordaza Global plantean serias preocupaciones para el bienestar, la seguridad y la continuidad de la atención de los pacientes”, declaró Tirana Hassan, Directora Ejecutiva de MSF en Estados Unidos “MSF ha sido testigo directo del daño irreparable causado por versiones anteriores de la Ley Mordaza Global. Expandirla e introducir una serie de nuevas restricciones draconianas sólo profundizará ese daño, erosionando los estándares de salud global y negando a las personas la atención que necesitan urgentemente”. 

La PHFFA da un paso hacia adelante en un patrón establecido a lo largo de ambas administraciones de Trump: la subordinación sistemática de la evidencia científica y las necesidades de los pacientes a objetivos ideológicos y políticos.

Versiones de la Ley Mordaza Global han sido introducidas por administraciones republicanas desde 1984, y amplias investigaciones han documentado repetidamente que esta política interrumpe los servicios de salud y provoca una cascada de resultados sanitarios adversos en países de ingresos bajos y medios, con un impacto paralizante que perdura incluso cuando la política ha sido revocada.

En 2017, la administración expandió la Ley Mordaza Global, también conocida como la Política de Ciudad de México, para incluir toda la asistencia sanitaria global de Estados Unidos, prohibiendo a las ONG extranjeras proporcionar, canalizar, asesorar o realizar incidencia a favor del aborto, incluso con sus propios fondos no estadounidenses, e incluso en países donde el aborto es legal.

La PHFFA va mucho más allá. Por primera vez, aplica las restricciones de la Ley Mordaza Global a toda la asistencia exterior no militar, incluida la ayuda humanitaria para comunidades que enfrentan crisis agudas. La política también amplía drásticamente quiénes deben cumplirla: las ONG extranjeras y con sede en Estados Unidos, las organizaciones internacionales, las entidades paraestatales y los gobiernos extranjeros deben ahora aceptar estas restricciones y aplicarlas siguiendo la cadena de mando a cada organización que financien.

Además de ampliar las restricciones al aborto, la PHFFA aplica restricciones extensas a actividades que, según afirma, promueven la llamada “ideología de género” e “ideología de equidad discriminatoria”. La política define estos términos de manera tan amplia que es probable que resulte en la exclusión o limitación del acceso a servicios de salud esenciales para personas LGBTIQ+, mujeres y niñas, minorías raciales y étnicas, y otros grupos marginados.

Estas restricciones consolidan un enfoque desplegado por la administración el año pasado: el uso de nociones de equidad y género intencionadamente vagas, desvirtuadas y excesivamente amplias; para justificar la eliminación de fondos para programas vitales, incluyendo la prevención del VIH, la atención de afirmación de género, la anticoncepción, los programas de salud comunitaria, los servicios de salud materna e infantil y la atención a sobrevivientes de violencia sexual.

Dicha política ahora intenta hacer permanente y aplicable lo que el año pasado se llevó a cabo mediante cancelaciones de programas ad hoc. Las organizaciones de todo el mundo se verán ante la imposible disyuntiva de elegir entre aceptar restricciones ideológicas para asegurar una financiación cada vez más incipiente y escasa, o proporcionar una atención basada en evidencia que cumpla con los estándares médicos internacionales.

Para hacer cumplir estas restricciones, la PHFFA establece un régimen de cumplimiento expansivo, alarmante y extraordinariamente paternalista. Según esta política, representantes del gobierno estadounidense pueden realizar visitas sin previo aviso a las instalaciones de las organizaciones para inspeccionar sus actividades. En MSF tememos que este enfoque pueda comprometer la privacidad, la confidencialidad y la seguridad de las y los pacientes, en particular la de las sobrevivientes de violencia sexual y los integrantes de comunidades marginalizadas que buscan atención.

Dado que es probable que sea difícil y confuso cumplir con los requisitos de esta política ampliada, en MSF esperamos que su impacto se amplifique por el cumplimiento excesivo y los efectos paralizantes sobre los servicios legales, reduciendo el acceso a una extensa gama de programas de salud, incluida la salud materna e infantil, servicios de anticoncepción, detección del cáncer de cuello uterino, la prevención y las pruebas del VIH y la atención médica postaborto.  

Según estimaciones del propio gobierno de Estados Unidos, implementar esta nueva política costará colectivamente a los proveedores de servicios al menos 340 millones de dólares anuales en carga administrativa: son dólares que no se gastan en salud, sino en garantizar la alineación y el cumplimiento de los estándares ideológicos del gobierno de Estados Unidos. 

Es probable que esta política resulte en la prohibición o limitación del acceso a servicios de salud esenciales para personas LGBTQIA+, mujeres y niñas, minorías raciales y étnicas y otros grupos marginalizados.  

“Un nivel tan intenso de carga administrativa aumenta la presión sobre los proveedores y los sistemas de salud”, aseveró Rachel Milkovich, especialista sénior de MSF Estados Unidos en incidencia sobre políticas de salud global. “En emergencias humanitarias, prevemos que estos factores de estrés se agraven. Esta política claramente no se diseñó teniendo en cuenta las realidades de los sistemas de salud frágiles y afectados por conflictos. Durante décadas, la Ley Mordaza Global ha tenido efectos devastadores sobre los servicios de salud legales y basados en la evidencia. Esta nueva política es aún más generalizada, afectando a más fuentes de financiación, más socios y más programas de salud que nunca”.  

Aunque en MSF no aceptamos fondos del gobierno de Estados Unidos y no estamos obligados a cumplir con la política, las nuevas restricciones corren el riesgo de interrumpir asociaciones críticas, cadenas de suministro y programas de salud comunitarios de los que dependen los equipos y los pacientes de MSF.  

“Prevemos que esta política imprudente debilitará sistemas de salud enteros, fragmentará las redes de derivación, censurará a los profesionales médicos y creará barreras peligrosas tanto para el acceso como para la prestación de atención vital”, declaró Hassan. “Quienes pagarán las consecuencias serán precisamente las personas más necesitadas. La atención médica debe basarse en las necesidades del paciente y la evidencia científica, no en si el tratamiento se alinea con la ideología política de un gobierno donante“.