Sin dinero no hay atención médica

 

 

En un centro médico de Malawi, una madre recibe sólo la mitad de las pastillas que necesita para tratar la malaria de su hijo porque no puede pagar el precio completo de los medicamentos (unos 9 dólares estadounidenses –USD–), poniendo en riesgo la vida del niño. En República Centroafricana (RCA) le piden a una mujer embarazada que pague 2.7 USD por una prueba de VIH pero ella no puede hacerlo. Cuando se enfrenta a complicaciones durante su embarazo, le prescriben fluidos que cuestan 1.8 USD por día. Para cubrir estos gastos pide dinero a sus vecinos; les paga poco a poco pero sigue en deuda con ellos. Una refugiada en Jordania detuvo el tratamiento de su enfermedad no transmisible porque no podía cubrir los gastos (23 USD por consulta). En una zona rural de la República Democrática del Congo (RDC), una madre y su bebé no pueden salir del hospital hasta que paguen 38 USD por una cesárea de emergencia que salvó sus vidas. 

 

Estos son sólo algunos ejemplos de las situaciones que atestiguan los equipos de MSF, pero millones de personas se enfrentan a situaciones como estas todos los días en su intento por acceder a una atención médica vital. Al ser disuadidos de buscar atención, los enfermos simplemente se quedan en sus hogares esperando una muerte piadosa. Otros retrasan su visita a una instalación médica y acuden sólo hasta que empeora su condición; llegado ese punto, suele ser muy tarde. Muchas familias desesperadas se ven obligadas a pedir préstamos o vender sus pertenencias para pagar la atención médica, exacerbando su pobreza. Los trabajadores sanitarios que a menudo carecen de una remuneración adecuada, prescriben tratamientos innecesarios o de una menor calidad basándose en lo que creen que los pacientes pueden pagar o lo que podría generar una ganancia mayor. Durante los brotes epidémicos, el efecto disuasorio de las tarifas de usuario ha debilitado la capacidad de respuesta y vigilancia porque las muertes de los pacientes que perecen en sus comunidades no son reportadas. 

 

Durante la última década muchos países abordaron estos problemas brindando una atención médica gratuita para toda la población o para grupos específicos como mujeres embarazadas, niños y personas con ciertas enfermedades. Sin embargo, en Guinea, República Centroafricana, Jordania, República Democrática del Congo y otros países más, los pagos directos de los pacientes siguen demandándose a los grupos más vulnerables como los refugiados, poblaciones desplazadas y pacientes con VIH, tuberculosis, malaria y enfermedades no transmisibles. De forma preocupante, estas tarifas de usuario siguen expandiéndose o reintroduciéndose en países que habían eliminado los obstáculos financieros de los pacientes como Afganistán, Mozambique y Malawi. Y ahora, los recortes de presupuesto están amenazando la Iniciativa de Atención Médica Gratuita para mujeres y niños en Sierra Leona.  

 

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Los recortes en las subvenciones internacionales de salud están poniendo a los países bajo una creciente presión para que dependan de los recursos nacionales para mantener y expandir la cobertura sanitaria. Esto ha provocado la reintroducción de las tarifas a los usuarios como método de movilización de recursos domésticos, a pesar de la abrumadora evidencia de que estos pagos no sólo no pueden generar suficientes ingresos sino que también tienen efectos perjudiciales para la población, como limitar el acceso a la atención, exacerbar la pobreza y "castigar a los pobres". Los consultores y asesores están ignorando convenientemente esta evidencia, incluida la ineficiencia de las exenciones individuales de "pobreza" (por ejemplo, si una persona califica como indigente)

 

Los actores internacionales como el Banco Mundial, la Organización Mundial de la Salud, los donantes y los gobiernos siguen sin cumplir sus compromisos previos para apoyar la eliminación de las tarifas de usuario, con consecuencias negativas para las tres dimensiones de la Cobertura Sanitaria Universal (UHC). Fallar en la eliminación de las tarifas de usuario conlleva un gran costo humano y mina la credibilidad de los compromisos realizados para lograr una Cobertura Sanitaria Universal para el año 2030. 

 

Cualquier compromiso serio para llevar la Cobertura Sanitaria Universal de la retórica a la realidad debería comenzar con la eliminación de los pagos directos de los pacientes. Para lograr esto es necesario dedicar recursos para el pago los servicios en lugar de que los pacientes asuman el costo. La abolición efectiva de las tarifas a los usuarios requerirá una remuneración a los trabajadores sanitarios para compensar la pérdida de ingresos de los pagos de los pacientes y el reforzamiento de los servicios y suministros para lidiar con el aumento de la demanda.

 

En 2005 las tarifas de usuario fueron reconocidas como ‘un mal innecesario’, y para 2009 se pidió a todos los actores involucrados que ‘actuaran e hicieran gratuita la atención médica en los países pobres”. Casi una década después, sólo podemos resaltar las intolerables consecuencias de estas dañinas prácticas. Instamos a los líderes de la salud mundial, incluidos los gobiernos, a priorizar el fortalecimiento y apoyo de las políticas de atención gratuita y la eliminación de las tarifas de usuario de las estrategias de financiamiento sanitario. Para evitar la continua falta de acceso a servicios esenciales y las dificultades económicas, debe terminar la imposición de tarifas a los enfermos. 

 

 

[1] Declaración de la Dra. Margaret Chan, antigua Directora General de la OMS, en 2009. 

[2] Las tres dimensiones de la Cobertura Sanitaria Universal son las tasas de utilización general de los servicios, el rango y la calidad de los servicios proporcionados y la protección contra las dificultades económicas. Para más información sobre este tema, visita la página: http://www.who.int/health_financing/strategy/dimensions/en/

[3] Sophie Witter. “¿Un mal innecesario? Las tarifas de usuario para la atención médica en países de ingresos bajos”. Save the Children, enero de 2005.

[4] “Your money or your life –Will leaders act now to save lives and make healthcare free in poor countries?”, 2009. Producido por Oxfam y avalado por 60 organizaciones, incluyendo a MSF.