Violencia sexual: una realidad cada vez más recurrente en las crisis migratorias

En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, conmemorado este 25 de noviembre, Médicos Sin Fronteras (MSF) buscamos visibilizar los casos de violencia sexual, hecho en el que las mujeres tienen una mayor afectación.

Escribe Marisol Quiceno Valencia, Representante Regional de Incidencia de MSF.

Hoy, en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, necesitamos hablar sobre la violencia sexual, particularmente en las crisis migratorias. Desde MSF hemos sido testigos de violaciones, explotación sexual, servicios o trabajos forzosos y prácticas que en general son similares a la esclavitud y explotación de niños, niñas, adolescentes y personas adultas.

En lo que va del 2023, MSF ha realizado 1,132 consultas por violencia sexual en América Latina. Los casos atendidos han sido 500 en México, 397 en Panamá, 76 en Honduras y 61 en Guatemala, entre los meses de enero y octubre, 37 en Brasil entre enero y septiembre, y 11 en Perú entre enero y agosto.

De los 1,132 casos atendidos por MSF, 997 (88%) fueron casos de violencia sexual contra mujeres, 115 (10%) contra hombres y 20 casos (2%) contra población LGBTQIA+.

Estos casos dan cuenta solo de la superficie del problema, pues el subregistro es enorme, principalmente por la gran cantidad de barreras para la búsqueda y obtención de ayuda por parte de las víctimas. En nuestros proyectos hemos visto, por ejemplo, que existe un desconocimiento de que la violencia sexual es una urgencia médica que, si no es atendida a tiempo, puede afectar gravemente la vida de la persona violentada, tanto en salud física como mental.

A su vez, muchas personas consideran que lo ocurrido en el episodio de violencia sexual es una práctica normalizada en sus comunidades o en los procesos migratorios y que lo más importante es continuar en el camino. Y en otros casos, se presentan fuertes amenazas por parte del perpetrador o presiones familiares y sociales que hacen que la persona no busque asistencia médica.

Un elemento central es el temor para entrar en procesos legales en un país ajeno y que pueda frenar el avance en la ruta. Frente a todas estas trabas legales, debemos señalar que priorizar la denuncia y los procesos legales sobre la atención médica es priorizar al perpetrador sobre la sobreviviente.

Otra barrera frecuente es que muchas personas sobrevivientes de violencia sexual no obtienen tratamiento profiláctico para la prevención de enfermedades de transmisión sexual y en muchos casos no se les practican test de VIH para conocer su estado serológico. Tampoco reciben test de sífilis y difícilmente pueden acceder a soporte psicológico después de un episodio de violencia sexual.

De hecho, en muchas ocasiones no hay disponibilidad del kit de profilaxis post-exposición porque el establecimiento de salud no tiene la categoría para suministrarlo. En general, en la atención a la población migrante nos hemos encontrado con que el personal de salud del establecimiento tiene actitudes negativas hacia la persona sobreviviente (muchas veces por xenofobia o por criminalización de la migración). Además, la condición de ser migrante agudiza la vulnerabilidad de la persona, exponiéndola a mayores riesgos.

También hemos encontrado que, en muchos lugares, se revictimiza a las personas sobrevivientes haciéndoles atravesar largas distancias para obtener la atención; aún existe el chequeo por 2 o 3 profesionales médicos que avalen que fue “violación”, demostrando nuevamente que la palabra de la persona sobreviviente no es válida.

Violencia sexual: un problema de salud pública

El enfoque actual de la atención a los y las sobrevivientes de violencia sexual en nuestra región pretende ser amplio, pero en la realidad los gobiernos no hacen énfasis en la necesidad de que quienes sean afectados o afectadas sexualmente busquen ayuda en instituciones de salud de manera inmediata. Nuestro llamado está dirigido a que la violencia sexual sea tratada como un problema de salud pública y no solamente como un problema penal, pues al hacer énfasis en que debe haber denuncia para reconocer el caso, los Estados complican aún más el acceso a la salud.

Vale la pena detenerse para recalcar que la atención integral en salud es el único servicio que puede garantizar una reducción en las afectaciones (e incluso salvar la vida) de quienes han sido sometidos o sometidas a violencia sexual. Desde la perspectiva de salud, la violencia sexual representa una carrera contra el tiempo. En las primeras 72 horas después de ocurrida una agresión, es posible suministrar una profilaxis de VIH/sida y antibióticos que ayuden a prevenir infecciones como clamidia, gonorrea, sífilis e incluso, evitar un embarazo no deseado.

En las primeras 120 horas el tratamiento incluye el suministro de métodos de anticoncepción de emergencia para evitar un embarazo no deseado y prevenir infecciones. En los primeros 6 meses se puede administrar vacunas contra la hepatitis B y contra el tétanos, pero se pierde la oportunidad de tratar otras enfermedades.

Así, entre las principales consecuencias en la salud física están los embarazos no deseados, infecciones de transmisión sexual y fístulas. Mientras que los principales impactos en la salud mental son humor triste, depresión, ideación suicida, miedo o sentimiento de amenaza, irritabilidad, ansiedad, culpa, preocupación, problemas de sueño, entre otros, que pueden afectar a la persona sobreviviente por años o toda su vida.

Medidas urgentes

Los gobiernos en la región deben adoptar medidas urgentes para reducir los casos de violencia sexual, lo cual implica apertura de rutas seguras, respeto al derecho a migrar. Y, como segunda estrategia, mejorar la salud de la población que está migrando, ampliando el acceso a servicios para sobrevivientes de violencia sexual y ofreciendo servicios integrales para atender a las personas en un tiempo menor a 72 horas de ocurrido el evento.

En este sentido, es esencial que se refuerce el mensaje público e institucional de que los casos de violencia sexual son, ante todo, una urgencia médica. Esta debe ser tratada como un problema de salud pública, priorizando la atención médica y psicológica de la persona afectada sin ser la denuncia una condición para la atención. Así mismo, esta atención médica debe estar basada en el principio de la confidencialidad y respetando la privacidad de las y los pacientes, evitando su marginalización y la invisibilización de esta realidad.

Médicos Sin Fronteras (MSF) ofrece respuesta humanitaria en América Latina, incluyendo proyectos relacionado con violencias, acceso a la salud, emergencias y por supuesto, con crisis migratorias. En estas rutas migratorias, MSF ha desarrollado durante el 2023, 10 proyectos con diferentes puntos de atención cubriendo algunas de las rutas más difíciles para la población migrante.