05.12.2019
Tres meses después haberse establecido el nuevo gobierno italiano, las organizaciones dedicadas a actividades de búsqueda y rescate en el mar se dirigen a las autoridades italianas y, en particular, a la Ministra del Interior Luciana Lamorgese, para reafirmar la urgente necesidad de restaurar el Derecho Internacional en el Mediterráneo central y abordar el dramático impacto humanitario de las políticas actuales.  
 
Las ONGs también afirmaron que están dispuestas a continuar un diálogo siempre y cuando el objetivo común sea salvar vidas en el mar, pero no si el único objetivo es controlar los barcos humanitarios, que no son el problema sino parte de la solución.  
 
Ante las anticipaciones de la Ministra en torno a una nueva regulación para las organizaciones en el mar, Médicos Sin Fronteras, Mediterránea, Open Arms y Sea Watch declaran que el Derecho Internacional es el único "Código de Conducta" posible, y además de ser suficiente ya se encuentra vigente. También reafirman la necesidad de ponerlo en el centro de cada decisión referente a las actividades de búsqueda y rescate para que lo acaten todos los actores involucrados, comenzando por los institucionales, como siempre lo han hecho las organizaciones en el mar para cada operación de rescate. 
 
“Apreciamos los pasos hacia adelante en el diálogo y la coordinación europea, pero se necesitan urgentemente soluciones reales. Concentrar la atención en los barcos humanitarios, que siempre han respetado las leyes marítimas y representan una parte mínima de las llegadas, es solo una distracción del problema. El objetivo común debe ser detener las muertes y el sufrimiento, de acuerdo con las obligaciones del Derecho Internacional que todos, comenzando por los Estados, deben respetar”, aseveran las organizaciones. "Ningún ser humano debería arriesgar su vida en el mar confiando en redes criminales para escapar de la persecución y la violencia. Estaríamos felices de no tener que seguir realizando nuestro trabajo humanitario en el Mediterráneo, pero continuaremos haciéndolo mientras sea necesario.” 
 
El primer punto abordado por las organizaciones se refiere a la necesidad de garantizar una coordinación efectiva de las operaciones de búsqueda y rescate, que incluya un mecanismo coordinado de desembarco a nivel europeo que garantice la indicación oportuna de un puerto seguro cercano, y la reconstitución de una capacidad de búsqueda y rescate gubernamental con recursos desplegados por Italia y todos los Estados miembros.  
 
También piden parar el apoyo a las autoridades libias, con lo cual el gobierno italiano renovó un Memorandum de Entendimiento que tiene como consecuencia directa la interceptación en el mar de miles de personas que huyen y son retornadas sistemáticamente a un país en guerra, y a las condiciones inhumanas de los centros de detención, en violación del Derecho Internacional. 
 
Finalmente, confirman la urgencia de modificar drásticamente los decretos de seguridad, aún vigentes con todas sus consecuencias, incluyendo las incautaciones de cuatro barcos humanitarios que están varados en un puerto, mismos que el gobierno podría liberar de inmediato para permitirles volver al mar a salvar vidas; y la necesidad de superar de una vez por todas el enfoque que criminaliza la ayuda, que han negado todas las investigaciones judiciales, del trabajo de las organizaciones no gubernamentales en el mar. 
 
A pesar de la reapertura del diálogo con las organizaciones, los rescates realizados por las embarcaciones humanitarias aún están sujetos a incertidumbres y sospechas, mientras que la concesión de un puerto seguro sigue condicionada a los acuerdos de redistribución negociados caso por caso.
 
Todo esto, además, en una temporada que hace que el estar varado en el mar sea incluso más dañino para la salud y la seguridad de los equipos y las personas rescatadas. Mientras tanto, continúan los naufragios: al menos 743 personas murieron este año en el Mediterráneo central, mientras que miles más fueron interceptadas y devueltas a Libia.