05.08.2019
Juan Carlos Arteaga, referente de salud mental de Médicos Sin Fronteras (MSF) para México y Centroamérica, alerta sobre las necesidades de servicios psicológicos en los centros de salud para la población migrantes y afectada por la violencia en Tamaulipas, donde el contexto de riesgo y hacinamiento agudiza el estado de salud y desencadena trastornos cada vez más crónicos, como el estrés postraumático.
 
Desde 2016, cuando comenzó su labor con la organización médico humanitaria en México y Centroamérica, estandarizó el componente de salud mental en todos los proyectos de la región. Era evidente el vacío en la atención para las poblaciones migrantes y víctimas de violencia.
 
Según Arteaga, “en el transcurso de 2017 y 2018, la violencia se recrudeció en el norte del país y las nuevas políticas de migración de Estados Unidos y México desencadenaron impactos directos en la salud física y mental que los países no consideran prioritarios en sus sistemas de salud, en sus presupuestos o en la disposición de recursos humanos”.
 
Ante esta falta de respuesta y debido al recrudecimiento del contexto, en el último año los equipos de MSF en Tamaulipas y Honduras tuvieron que especializar la atención psicológica que brindan, para tratar casos cada vez más complejos.
 
Una historia que ejemplifica lo anterior -cuenta Arteaga- fue la de una mujer hondureña que, después de sufrir violencia sexual y amenazas, huyó de su país para salvaguardar su vida, pero en la ruta migratoria hacia EU volvió a ser violada y secuestrada.
 
Cuando se libera, la detienen y la devuelven a su lugar de origen sin ninguna garantía de protección. Con un trastorno de estrés postraumático, ella sufre dificultades para dormir, comer, además de generarle problemas en sus relaciones interpersonales. Sus manifestaciones de ansiedad, así como la desesperanza por su situación, se tradujeron en particularidades severas, como ideación suicida o alucinaciones auditivas", explica.
 
"Estos casos necesitan un apoyo más especializado e integral del área médica”, agrega Arteaga.
 
Por eso, el especialista insiste en que, “lo ideal sería que los entes locales, estatales y federales invirtieran en la salud mental. Así la población podría disponer de este servicio en centros primarios de salud, y tener un sistema de referencia más especializado”, sobre todo en Tamaulipas.
 
En ese estado, cuenta, hay migrantes que llevan hasta más de tres meses en carpas sin ningún tipo de condición adecuada de higiene, salud o espacio. Además, ya sufrieron violencia durante el tránsito y, por consiguiente, sufren situaciones crónicas en su salud mental.
 
Si esto aumenta y no hay respuesta para generar mejores condiciones, será una bomba de tiempo”, puntualiza.
 
Arteaga apunta que su trabajo en el campo de la salud mental comenzó en Colombia, cuando se dio cuenta de que muchas de las personas que estaban en hospitales psiquiátricos sufrieron un impacto psicológico debido a la guerra y al conflicto interno. Por ello, decidió acercase más a esta población en sus comunidades, trabajando con MSF.
 
Su reflexión va dirigida hacia la necesidad urgente de visibilizar el contexto injusto al que someten a las poblaciones migrantes y refugiadas, así como el valor y la voluntad de los profesionales de la salud que brindan asistencia día a día.
 
Los impactos de la violencia son tan graves como cualquier otra enfermedad”, concluye.