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04.06.2021
Médicos Sin Fronteras (MSF) pide al gobierno militar de facto de Myanmar y a otros grupos que tomen todas las medidas necesarias para garantizar que las personas tengan un acceso seguro y sin obstáculos a la atención médica, independientemente de dónde la busquen. Del mismo modo, el personal médico debe poder brindar atención para salvar vidas sin que les ataquen, detengan ni intimiden.
 
A medida que Myanmar se acerca a los cuatro meses de gobierno militar, los servicios de salud pública siguen gravemente interrumpidos. Muchos hospitales y clínicas públicas están cerrados u ocupados por militares, y los que están abiertos tienen servicios limitados disponibles mientras el personal médico está en huelga. MSF tiene pocas opciones para derivar a las personas a un tratamiento especializado. Estos desafíos hacen que muchas personas tengan dificultades para acceder a la atención médica.
 
Si Myanmar se ve afectada por una nueva ola de contagios por COVID-19, será un desastre de salud pública, dado que la capacidad del país para realizar pruebas, tratar y vacunar es una fracción de lo que era antes de que los militares tomaran el poder.
 
 
 

La inseguridad restringe el acceso a la atención médica

Las y los pacientes generalmente deben elegir entre buscar tratamiento en un centro privado que tal vez no puedan pagar o en un hospital controlado por militares donde su seguridad podría estar en peligro, particularmente si han estado involucrados en protestas o en el movimiento de desobediencia civil.
 
Existen clínicas de organizaciones no gubernamentales en algunos lugares, pero no pueden cubrir todas las necesidades y sus actividades han sido restringidas por las autoridades militares. Las fuerzas de seguridad dijeron a una clínica apoyada por MSF que no podía atender a las personas manifestantes. Las fuerzas de seguridad visitaron el centro, ordenaron que se retiraran las camas de urgencias e insistieron en que todos los heridos fueran trasladados a hospitales militares o controlados por militares. La policía también arrestó a uno de sus voluntarios por estar involucrado en protestas y exigió nombres y direcciones de otras personas que trabajaban allí. El centro se vio obligado a cerrar temporalmente y ahora apenas funciona, operado por un personal mínimo.
 
Las y los pacientes en Myanmar se ven obligados a viajar más lejos para recibir atención en un momento en que los riesgos son mucho mayores. Las fuerzas de seguridad en los puestos de control vigilan a quienes se mueven, registran sus pertenencias, les intimidan y contribuyen a crear un clima de miedo. Para los pacientes con enfermedades que requieren atención regular y a largo plazo, como el VIH, la tuberculosis y la hepatitis C, la inseguridad actual y los retrasos para acceder a los medicamentos que necesitan pueden ser mortales.
 
“Lo que preocupa a los pacientes ahora es si pueden acceder a la clínica para obtener medicamentos”, dijo un médico de MSF en el estado de Kachin. "Si las fuerzas de seguridad en los puntos de control no dejan pasar a los pacientes, ¿Qué puede hacer el personal médico por ellos y ellas?"
 

Ataques a los trabajadores de la salud

El personal médico y de enfermería sigue siendo objetivo de la violencia. El personal que trabaja en las instalaciones médicas MSF ha brindado apoyo para compartir informes sobre arrestos y detenciones del personal médico.
 
Se han producido179 ataques contra el personal y las instalaciones de salud desde el inicio del golpe militar, y 13 personas han muerto en estos ataques, según el Sistema de Vigilancia de Ataques a la Asistencia de Salud (Surveillance System of Attacks on Healthcare) de la ONU.
 
Los informes de los medios de comunicación mostraron cómo disparaban con balas reales a trabajadores médicos de emergencia y socorristas que estaban en la primera línea de las protestas pacíficas mientras intentaban ayudar a las personas heridas. Los socios de MSF también presenciaron cómo atacaban a organizaciones que brindan primeros auxilios a los protestantes heridos y les destruían los suministros.
 
 
 

Las secuelas económicas amenazan la respuesta humanitaria

A medida que se deteriora el sistema de salud pública de Myanmar, su economía también se colapsa. Cada vez es más difícil obtener dinero en efectivo, y las personas deben afrontar filas muy largas en los cajeros automáticos, a los que les reponen el dinero de forma esporádica. El kyat, la moneda local, ha caído un 17 por ciento frente al dólar estadounidense, lo que elevó el costo de las importaciones y de bienes como el aceite de cocina, el arroz y el combustible.

Las agencias humanitarias no son inmunes a esta crisis de liquidez. La escasez de efectivo y el aumento de los costos pueden impedir a las organizaciones, incluida MSF, comprar suministros y medicamentos, pagar los salarios del personal y transportar bienes.
 
Ya estamos viendo el impacto de esto en nuestro programa de atención al VIH en el estado de Kachin. Antes del 1 de febrero, habíamos trasladando gradualmente nuestra cohorte de pacientes con VIH al Programa Nacional de SIDA del gobierno. Sin embargo, estas clínicas ya no están abiertas y MSF ha visto a casi 2,000 pacientes regresar a nuestras instalaciones para consultas y reabastecimiento de medicamentos, y se registraron más de 200 nuevos pacientes nuevos con diagnóstico positivo de VIH.
 
En el estado de Rakhine, el agua y el saneamiento han sido durante mucho tiempo un problema en los campos rohingya, donde las personas dependen de la ayuda humanitaria para acceder al agua potable. Ahora que muchas organizaciones están reduciendo sus actividades mientras luchan por acceder al dinero en efectivo y conseguir suministros para los campos, estamos viendo un aumento en las personas que buscan tratamiento para la diarrea aguda.
 
 
 

El reavivamiento del conflicto agrava la crisis humanitaria

Se estima que 60,000 personas en Myanmar han sido desplazadas dentro del país y 10,000 más a las naciones vecinas desde la toma del poder el 1 de febrero, según datos del ACNUR. Esto se debe en gran parte al resurgimiento del conflicto en las zonas fronterizas de Myanmar, particularmente en los estados de Chin, Kachin y Kayin, predominantemente entre el ejército y los grupos armados étnicos, pero también cada vez más incluyendo a las fuerzas de defensa populares en favor de la democracia. Los ataques aéreos y los bombardeos están obligando a las personas a huir de sus hogares, causado un número desconocido de víctimas civiles.
 
MSF tuvo que retirar al personal de una ciudad en el estado de Kachin debido a los combates, interrumpiendo temporalmente nuestros servicios, mientras que el sonido de los bombardeos y los disparos es algo común en varios lugares. Esto afecta nuestras actividades y el bienestar del personal, generando preocupaciones importantes sobre la capacidad de las personas para viajar en busca de atención médica. El personal médico y las organizaciones humanitarias deben estar protegidos de la violencia y tener acceso sin obstáculos a las áreas de conflicto para garantizar que las personas en riesgo puedan acceder a cuidados que salvan vidas.
 
MSF teme por el pueblo de Myanmar en esta crisis que cada vez se agrava más. Se deben desmantelar todos los obstáculos que impiden que las personas enfermas y heridas busquen atención médica, como la violencia, la detención y la intimidación de los trabajadores de la salud.
 
 
 
MSF trabaja en Myanmar desde 1992; nuestros programas médicos y humanitarios han crecido y desarrollado considerablemente. En la actualidad, más de 1,100 personas prestan atención de alta calidad a través de una red de centros de salud y clínicas móviles.