28.05.2020

Por Elena Vargas, Coordinadora médica adjunta de Médicos Sin Fronteras en México.

Hace 33 años, en Costa Rica, se instituyó el “Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer”, para recordarnos que el derecho a la salud es un derecho humano de las mujeres y para abordar las diferentes causas de enfermedad y muerte que nos afectan. Esto nos hace recordar que el género es uno de los más importantes determinantes sociales de la salud y de la vigente lucha por la reivindicación de nuestros derechos sexuales y reproductivos, que aún se ven pisoteados en países como los de nuestra América Latina.

El cierre de actividades y las medidas de cuarentena por el nuevo coronavirus (COVID-19), alrededor del mundo han aumentado la carga de trabajo para las mujeres, sobre todo trabajo no remunerado. La mujer es la principal cuidadora si alguien se enferma en casa—la mayoría de tratamientos y cuidados para COVID-19 son a nivel domiciliar—muchas veces en detrimento de la salud física y mental de ellas. La falta de apoyo doméstico y emocional tiene consecuencias a largo plazo en la salud mental de las mujeres.

Durante la pandemia de COVID-19 muchas mujeres están trabajando en casa y desde casa. Desafortunadamente no es un lugar seguro para muchas. Uno de los efectos adversos más terribles de la cuarentena ha sido que muchas mujeres están aisladas en casa con sus agresores.

En Médicos Sin Fronteras hemos re-adaptado nuestra forma de llegar a nuestras beneficiarias, a pesar de las limitaciones que encontramos en los contextos donde se han instaurado medidas dracónicas para contener la pandemia, y que dichas medidas no tienen en cuenta las realidades de todas las mujeres, privilegiando a quiénes tienen mayor poder adquisitivo y una mejor posición social.

Hemos visto un aumento significativo del número de atenciones de salud mental en mujeres en nuestros puntos de atención en México y Honduras. Hemos tenido que adaptarnos para brindarlas mediante llamadas telefónicas o consultas en línea, y muchas de estas consultas están relacionadas a eventos de violencia.

También notamos una disminución drástica en el acceso a servicios de planificación familiar en Choloma; esto debido a las medidas de limitación de movimientos de las mujeres hacia los centros de atención médica. Ellas, al contar con un sólo día para poder salir de sus casas, se ven forzadas a priorizarlo para ir a hacer el mercado, en lugar de acudir a los servicios de salud.

Aunado a esto, está la falta de opciones o alternativas para mitigar esta necesidad, como la distribución de métodos de planificación familiar de parte de agentes comunitarios, donde sea posible. Este déficít de alternativas para facilitar la planificación familiar es un claro reflejo de que en muchos países no se considera la salud sexual de las mujeres como un derecho humano. Con esta situación sólo podemos esperar un incremento en embarazos no deseados y potenciales abortos inseguros en contextos restrictivos, poniendo la vida de las mujeres en riesgo.

Desde Médicos Sin Fronteras seguiremos trabajando junto a otras organizaciones y en coordinación con los ministerios de salud, así como de manera multidisciplinaria, para que ninguna mujer se quede sin acceso a una salud de calidad y con calidez humana.