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29.04.2021
Cientos de personas deportadas por Estados Unidos a México bajo la política del Título 42, en su mayoría mujeres y niños, se encuentran varadas en una plaza pública en Reynosa, Tamaulipas, vulnerables al secuestro y la violencia y sin bienes básicos de primera necesidad como agua potable, refugio, así como servicios sociales o de salud, dijo hoy la organización internacional médico-humanitaria Médicos Sin Fronteras/Médecins Sans Frontières (MSF).  
 
Desde febrero, MSF ha brindado atención médica y psicosocial una vez a la semana a los cientos de migrantes deportados a México bajo el Título 42. Están compuestos principalmente por familias de Honduras, Guatemala y El Salvador, también conocido como el Triángulo Norte de América Central (NTCA). Actualmente se encuentran abarrotados en la “Plaza de la República” en Reynosa, localizada en una de las regiones más peligrosas de México. La plaza es adyacente al Puente Internacional a solo unos metros de la frontera con EE.UU. Se pueden proporcionar hasta más de 150 servicios médicos, psicológicos, sociales y de promoción de la salud en un día.  
 
“Vemos en su mayoría familias, en particular mujeres que viajan solas con sus hijos, que fueron deportadas de inmediato a una ciudad extremadamente peligrosa, para dormir en la calle y valerse por sí mismas para sus necesidades básicas”, dijo José Antonio Silva, Coordinador de proyecto MSF en Reynosa. “Estas personas están asustadas, en una ciudad desconocida e insegura y, a menudo, traumatizadas por un viaje desgarrador por México y por su experiencia bajo la custodia de los EE.UU.”. 
 
Durante el último mes, la cantidad de personas deportadas a Reynosa ha seguido aumentando; hasta hace unos días, había aproximadamente 400 personas en la plaza pública. La mayoría son migrantes que cruzaron a los EE.UU. y fueron deportados directamente a México bajo el Título 42, una política perniciosa y discriminatoria de la era Trump que ha continuado bajo la Administración Biden. En violación del derecho nacional e internacional, la política del Título 42 aprovecha de la pandemia para cerrar esencialmente la frontera, bloqueando rápidamente a los migrantes y las personas que buscan asilo para expulsarlos directamente de regreso a México o sus países de origen. 
 
Desde marzo de 2020, el gobierno de los EE.UU. ha llevado a cabo más de 618,000 deportaciones bajo el Título 42. Solo en marzo de 2021, más de 104,000 personas fueron deportadas.  
 
Si bien la administración Biden se había comprometido a revocar las políticas dañinas de la era Trump y ampliar las vías de protección en los EE.UU., ha optado por continuar bloqueando y expulsando a los solicitantes de asilo y a los migrantes con el pretexto de salvaguardar la salud pública.  
 
“Lo que estamos presenciando hoy en Reynosa es también lo que estamos viendo en otras ciudades fronterizas como Tijuana y Ciudad Juárez” dijo Silva. “Este es un aparato de deportación masivo que ocurre en todo México y en la región, con poca consideración por la salud y seguridad de las personas. Estamos extremadamente preocupados de que algunas de las personas más vulnerables sean deportadas cada vez más a México y se vayan sin ningún tipo de apoyo”.  
 
El gobierno de EE.UU. sigue deportando a migrantes a México que no hablan español, como indígenas o haitianos. Otros grupos vulnerables que han sido deportados incluyen a personas heridas o enfermas, personas que viajan con niños, niñas y adolescentes, mujeres embarazadas y personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero. Todas estas personas corren un mayor riesgo de sufrir violencia debido a su especial vulnerabilidad.  
 
“Tenemos informes de personas que desaparecen día y noche en la plaza, lo cual es muy preocupante”, dijo Silva. Se han reportado al menos 492 ataques violentos desde que el presidente Joe Biden asumió el cargo el 21 de enero de 2021, incluidos secuestros, violaciones, torturas, amenazas, robos y asaltos, contra personas varadas en la frontera entre EE.UU. y México y/o expulsadas a México según la organización internacional Human Rights First.  
 
El equipo de salud mental de MSF, que estuvo trabajando con deportados en sesiones grupales de apoyo psicológico en Reynosa, ha observado signos de traumas complejos y depresión en estos pacientes. Fueron reportados signos de reacción aguda al estrés, síntomas psicosomáticos como dolor de cabeza y de espalda, hipervigilancia debido a la inseguridad de la localización, dificultad para dormir, y miedo y ansiedad relacionados a la deportación o el hecho de vivir en condiciones de impredecibilidad y violencia.  
 
A medida que el número de personas deportadas por los EE. UU. sigue aumentando en estas ciudades fronterizas y en toda la región, el gobierno de México no está haciendo lo suficiente para brindar servicios esenciales y garantizar la seguridad de este grupo de personas altamente vulnerable. MSF observa deficiencias en la gestión que realizan las autoridades mexicanas, debido al hacinamiento de los albergues y las pocas instalaciones estatales habilitadas para recibirlos, entre ellos el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (SNDIF) y los Centros de Atención a Menores Fronterizos (CAMEF).  
 
MSF insta a la administración de Biden a rescindir de inmediato el Título 42 y reiniciar el procesamiento de las solicitudes de asilo en la frontera sur. El Título 42 es una política ilegal y discriminatoria que pone en peligro la vida de las personas y las devuelve a la violencia y el peligro en México y en sus países de origen. 
 
MSF también insta a las autoridades mexicanas a adoptar de inmediato medidas para aumentar la capacidad de vivienda, atención médica y protección de las personas en tránsito en su territorio, especialmente para familias y menores.  
 
Debe ser una prioridad evitar la creación de nuevos campamentos, como el que fue desmantelado hace solo dos meses en Matamoros, y permitir que los migrantes viajen en condiciones seguras y dignas.  
 
Dada su responsabilidad de perpetuar la crisis humanitaria a lo largo de la frontera entre EE.UU. y México, el gobierno de EE.UU. también debe apoyar a las autoridades mexicanas y a las organizaciones humanitarias que responden a las crecientes necesidades en el norte de México.