22.02.2019
Rosario* llegó al centro de salud de Nueva Capital, área metropolitana de Tegucigalpa, en busca de ayuda. Allá, el personal de Médicos Sin Fronteras (MSF) la atendió.
 
Cuatro días atrás, un delincuente había asesinado a su esposo y la había violado delante de sus hijos, de 1 y 8 años. Ellos vivían a las afueras de Tegucigalpa, en un pueblo del departamento de Francisco Morazán y, debido a la ausencia de servicios en su localidad y a la inseguridad, se vieron obligados a desplazarse a Nueva Capital. El único miedo de la mujer, en ese momento, era estar embarazada.
 
En el centro de salud, la psicóloga de MSF le explicó que, además de suministrarle los medicamentos para prevenir enfermedades de transmisión sexual, VIH y embarazo, necesitaba recibir atención en salud mental. Ella comprendió que el hecho traumático había afectado profundamente su estado emocional y el de sus hijos, quienes revivían una y otra vez ese terrible momento.
 
El proceso por el que pasa una persona que ha sido víctima de violencia sexual, como Rosario, es tremendamente difícil y doloroso. En Honduras, de acuerdo con testimonios de pacientes atendidas por MSF, las sobrevivientes son estigmatizadas y les niegan la asistencia de emergencia en los centros de salud porque creen que sin una denuncia no las pueden atender. De acuerdo con la ley del país centroamericano y los protocolos internacionales, la denuncia es un derecho y no un deber. Sin embargo, a pesar de que la violencia sexual es una emergencia médica, no existe un protocolo de atención en salud integral para este tipo de casos. 
 
En 2017, MSF y varias organizaciones nacionales e internacionales, que trabajan en Honduras temas de salud sexual y reproductiva, entregaron un borrador del protocolo de atención a víctimas y sobrevivientes de violencia sexual a la Secretaria de Salud. A la fecha no ha sido validado porque la píldora anticonceptiva de emergencia (PAE), que es parte esencial del protocolo, está prohibida. 
 
La PAE es una necesidad médica para prevenir embarazos, especialmente en casos de violación. Si bien existen otras alternativas, su efectividad no es la misma. Al no contemplarse la prevención del embarazo, los casos de maternidad forzados continuarán, lo que perpetua el evento traumático o la pérdida de vidas, debido a que algunas mujeres tienden a buscar clínicas clandestinas de aborto inseguras. Es por esto que urge eliminar el decreto que prohibe la PAE para dar paso a la aprobación definitiva del protocolo de atención integral . 
 
MSF insiste en la urgencia de estandarizar este protocolo para asegurar, además, que las víctimas reciban atención integral durante las primeras 72 horas, con el fin de prevenir infecciones de transmisión sexual, VIH, embarazo y recibir la primera ayuda psicológica. Desde 2011, debido a la brecha de servicios de salud mental en el país, la organización médico-humanitaria, en coordinación con la Secretaria de Salud y el Minsiterio Público, implementó un proyecto para la atención a víctimas de violencia y violencia sexual en el Hospital Escuela Universitario, el Centro de Salud Alonso Suazo, el Centro Integral Dolores (CID) y el Centro de Salud de Nueva Capital. 
 

El riesgo de no recibir atención oportuna 

 
Según cifras de MSF, solo el 33% de los casos de violencia sexual que atendió en Tegucigalpa en 2018 solicitaron atención en las primeras 72 horas tras la agresión, de estos 98% eran mujeres. Un dato que alerta sobre la cantidad de sobrevivientes que pueden estar en riesgo de contraer alguna infección, tener un embarazo producto de una violación y sufrir las consecuencias psicológicas del hecho traumático. 
 
Por eso, a través de su equipo de promoción, MSF proporciona información a las personas sobre las consecuencias físicas y mentales que conlleva una agresión sexual, pues al estar conscientes de qué es lo que ocurre, o les puede ocurrir después de una violación, disminuyen los riesgos de las afectaciones.
 
“Muchas veces las personas que se acercan buscan atención, pero a su vez se sienten tan expuestas, tan temerosas de estar en peligro, que dejan de asistir a las consultas. Entonces, lo primero que hacemos es informarles las consecuencias que hay en la salud física y mental cuando viven situaciones de violencia”, asegura Brenda Villacorta, psicóloga clínica de MSF. La mayoría de las víctimas sienten miedo de hablar de su situación porque su agresor vive con ellas o es una persona cercana. En Tegucigalpa, según los pacientes atendidos por MSF: 50% de los perpetradores son familiares o conocidos y el 41% de las víctimas son menores de 18 años. 
 
Además, una gran cantidad de víctimas atendidas por la organización humanitaria viven en condiciones de pobreza, de hacinamiento, y eso las lleva a tener que compartir espacios entre varios miembros de diferentes edades. Estas personas habitan en entornos de inseguridad donde hay presencia de pandillas, narcomenudeo o policías. Por otro lado, muchos de los padres y madres que trabajan todo el día tienen que dejar a sus hijas e hijos con otros familiares o vecinos, lo que los pone en un mayor grado de vulnerabilidad. 
 
El proceso terapéutico contribuye a que la persona recupere su proyecto de vida. En algunos casos, desarrolla mecanismos para autorregularse, integrarse socialmente, encontrar trabajo, iniciar o continuar sus estudios, por ejemplo. 
 
Buscar el bienestar médico de las y los sobrevivientes de violencia sexual, en definitiva, es una de las prioridades para MSF en el mundo, pero esto solamente es posible si las instituciones de salud prestan un servicio integral, con la conciencia de que las personas necesitan, como cualquier ser humano, un trato digno, empático y de calidad. 
 
*Los nombres fueron cambiados para proteger la confidencialidad de las pacientes.