Médicos Sin Fronteras es una organización médico humanitaria internacional sin fines de lucro. Ayudamos a personas afectadas por epidemias, conflictos armados, desastres naturales y excluidas de la atención médica en más de 70 países. Conócenos. Más información
01.09.2021

Khin Maung es un joven de 26 años de la etnia rohingya, que vive como refugiado desde 2017, cuando su pueblo en Myanmar fue atacado por el ejército. Esto es lo que cuenta sobre la situación actual.

 

Cuando llegamos por primera vez a nuestro campo para personas refugiadas, -uno de los muchos instalados en Cox's Bazar, Bangladesh- pensé que volveríamos a casa en Myanmar después de dos o tres meses. Algunos de nuestros vecinos permanecían allí y mi pueblo no había sido afectado. Nuestro campo estaba muy cerca de la frontera entre estos dos países, por lo sería fácil volver.

Eso fue hace cuatro años. Desde entonces, mi casa desapareció, se redujo a cenizas.

Si alguien me dijera que podemos volver ahora, pensaría que está loco, no hay manera. Desde luego, no hay medios legales para volver, solo formas ilegales. Queremos una solución adecuada, razonable y justa, porque somos ciudadanos de Myanmar. Si renunciamos a nuestros derechos y decidimos regresar ¿Qué pasará con nuestro futuro?

No digo que no deseamos volver a casa, sino que queremos volver lo antes posible. Nadie quiere ser una persona refugiada. A veces me siento como si no fuera humano. Como si viviera en lo más profundo de un bosque con animales salvajes, sin nada que pueda llamar mío, sin educación, sin seguridad, ni siquiera libertad. Pero queremos volver conservando nuestros derechos y sabiendo que estaremos a salvo. 

Para que este proceso tenga éxito, las autoridades de Bangladesh deben hablar con nosotros e involucrarnos en las discusiones, de la misma manera que hacen partícipes a otras partes y países. Cuanto más tiempo permanezcamos en Bangladesh, más me temo que la situación rohingya irá desapareciendo progresivamente de la agenda internacional hasta que simplemente nos volvamos invisibles.

Aquí, en los campos, nuestro acceso a la atención sanitaria es escasa, porque los centros sanitarios, en su mayoría, solo brindan atención básica. No hay atención disponible para los casos más graves, mientras que las crecientes restricciones supuestamente relacionadas con la COVID-19 dificultan la búsqueda de opciones fuera de los campos. Las y los pacientes que necesitan una intervención quirúrgica de urgencia o atención médica avanzada a veces tienen problemas en los controles de salida de los campos. Lo mismo ocurre con las personas que padecen enfermedades crónicas o problemas de salud mental; a menudo no se les permite salir de los campos a tiempo y pierden sus citas o se quedan sin medicamentos.

Hay pocos bancos de sangre en los campos, y la falta de coordinación entre las autoridades y las ONG a veces hace que se pierdan vidas. Los miembros de la Asociación de Jóvenes Rohingya, que establecí para apoyar a mi comunidad, intentan donar sangre siempre que se necesita. Pero eso no es suficiente. Hace poco, recibimos una alerta de un paciente en estado crítico apenas 20 minutos antes de su fallecimiento. No pudimos salvarlo.

Entendemos, por supuesto, que la COVID-19 plantea un grave problema de salud y, por tanto, requiere algunas restricciones de movimiento. Pero tiene que haber excepciones, así como las hay para la población fuera de los campos.

De nuevo, a veces nos sentimos como si no fuéramos seres humanos que viven con dignidad. Algunas familias de los campos anteriormente tenían ingresos muy bajos, pero esenciales, provenientes de pequeños negocios. Ganaban entre 20 y 30 dólares al mes, pero todo eso ha desaparecido debido a las restricciones relacionadas con la COVID-19. Las limitaciones han hecho que las personas dependan totalmente de los alimentos que proporcionan las organizaciones humanitarias, que apenas son suficientes para vivir.

Mi sueño es convertirme algún día en abogado y defender nuestra causa en los tribunales internacionales. El gobierno de Myanmar utilizó la ley para recortar nuestros derechos, así que tenemos que ser capaces de contraatacar con la ayuda de la ley. Pero nuestros jóvenes no conocen las palabras de la declaración de los derechos humanos de la ONU -un documento internacional adoptado por la Asamblea General de la ONU que consagra los derechos y las libertades de todos los seres humanos- que dice que todos somos iguales ante la ley. Sin embargo, ni siquiera recibimos formación básica en los campos para capacitar a nuestros jóvenes y que aprendan los conceptos básicos sobre los derechos humanos. Sé de algunas universidades de todo el mundo que nos darían la oportunidad de participar en sus cursos, pero las autoridades lo impiden.

Si al final no podemos continuar con nuestra educación, vamos a perder a toda una generación. Si tenemos que quedarnos aquí 10 años, ¿Qué pasará con nuestros hijos?

A pesar de estos desafíos, espero no perder la esperanza.