Cualquier futura vacuna aprobada para combatir la COVID-19 debe llegar a todas las personas, en todo el mundo.

No puede ni debe estar patentada, y las farmacéuticas tampoco deberían lucrar con ella. Los gobiernos deben tomar acciones concretas -como la anulación de patentes y monopolios o la introducción de un control de precios- para garantizar la producción, suministro y disponibilidad de la vacuna a un precio accesible para todas las personas. 

Si no se toman estas acciones, ninguna persona estará realmente protegida y la pandemia no podrá llegar a su fin. 

Es vital que las farmacéuticas antepongan las vidas de las personas a las ganancias. Pues, mientras que los gobiernos e instituciones filantrópicas invierten miles de millones en la investigación y el desarrollo de una vacuna contra la COVID-19, recordamos, una vez más, que debería ser un bien público global. 

¿De qué lado de la historia estarán cuando se escriban los libros sobre esta pandemia?

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